El veto al impuesto al inventario: entre la estabilidad municipal y la incertidumbre del comercio

La decisión de la gobernadora Jenniffer González de vetar el proyecto de ley que congelaba el impuesto al inventario hasta 2028 ha generado reacciones encontradas entre los municipios y el sector comercial de Puerto Rico. El proyecto, aprobado por la Legislatura, buscaba detener el aumento del impuesto como paso previo a su eliminación definitiva. Sin embargo, al no ser firmado por la gobernadora, la medida no se convirtió en ley.

Desde la perspectiva del sector alimentario —una de las industrias más impactadas por este tipo de contribución— el veto representa tanto un respiro fiscal para los municipios como una pausa incómoda para los comercios.

Un alivio temporal para los municipios

El impuesto al inventario aporta más de 300 millones de dólares anuales a los municipios. Su eliminación, sin un mecanismo de reemplazo, pondría en riesgo servicios esenciales como el recogido de basura, mantenimiento de carreteras, permisos, y otras operaciones básicas que también sostienen la infraestructura de distribución y venta de alimentos.

Bajo ese lente, el veto puede interpretarse como una acción responsable: evita una caída abrupta en los ingresos municipales y permite tiempo adicional para diseñar alternativas de financiamiento. No obstante, prolonga un esquema contributivo que ha sido criticado por años como un obstáculo al desarrollo económico.

Un lastre para la competitividad comercial

En el caso de los comercios de alimentos —supermercados, mayoristas, importadores, distribuidores y pequeños colmados— el impuesto al inventario castiga la eficiencia operativa. Penaliza a quienes mantienen niveles adecuados de inventario para garantizar continuidad en la oferta, especialmente en una isla donde los eventos atmosféricos y los retrasos portuarios son frecuentes.

El resultado es un modelo que incentiva mantener inventarios mínimos, reduciendo la resiliencia del sistema alimentario y aumentando el riesgo de desabastecimiento. En un mercado cada vez más vulnerable a interrupciones logísticas, este impuesto se convierte en una carga estratégica, no solo fiscal.

La oportunidad detrás del veto

El rechazo de la medida no debe interpretarse como una negación definitiva de la necesidad de reformar el sistema. La propia gobernadora ha propuesto revisar el tema junto a alcaldes y representantes del sector privado para identificar fuentes alternas de ingresos. Esa conversación, si se conduce con transparencia y voluntad de consenso, podría abrir la puerta a una solución más equilibrada.

El reto será construir un modelo que no dependa de gravar la existencia misma de inventario, sino que incentive la producción, la distribución y la eficiencia en la cadena alimentaria. En otras jurisdicciones, la sustitución de este tipo de impuestos se ha logrado mediante ajustes al impuesto sobre ventas, patentes municipales o incentivos a la inversión logística. Puerto Rico podría aprender de esas experiencias, pero requiere planificación y diálogo intersectorial real.

Mirada hacia adelante

El veto evita una crisis inmediata para los municipios, pero deja al sector alimentario en un limbo contributivo. Sin una ruta clara hacia la eliminación o sustitución del impuesto, las empresas seguirán operando bajo un esquema que desalienta la expansión y limita la capacidad de planificación a largo plazo.

El momento exige que tanto el gobierno central como los municipios y el sector privado articulen una hoja de ruta conjunta. No se trata solo de aliviar la carga fiscal, sino de fortalecer la seguridad alimentaria del país, la estabilidad municipal y la confianza del sector empresarial.

En definitiva, el veto de la gobernadora mantiene el equilibrio fiscal en el corto plazo, pero posterga la discusión de fondo. Para quienes vivimos y trabajamos en el sector alimentario, esa conversación ya no puede seguir esperando.