Del grifo al Capitolio: la agenda que restaurantes y turismo no pueden ignorar

La sequía dejó de ser una amenaza futura. Ya es un costo operacional que se refleja en la compra de agua, hielo y artículos desechables; en cambios de menú; en habitaciones que tardan más en prepararse; en cancelaciones y, en algunos casos, en cierres temporeros.

Al comenzar la cuarta sesión ordinaria de la actual Asamblea Legislativa, los empresarios de restaurantes, hospederías y servicios turísticos deben mirar más allá de los titulares políticos. Varias de las medidas pendientes pueden alterar sus costos, permisos, capacidad de expansión y exposición a futuras emergencias.

El primer asunto, inevitablemente, es el agua.

El racionamiento continúa y La Plata se acerca al límite

El plan iniciado el 7 de agosto contempla interrupciones de hasta 48 horas en sectores de San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Gurabo y Juncos, según la información distribuida al sector turístico. (https://www.discoverpuertorico.com/info/planned-water-service-interruptions-puerto-rico).

La situación no se limita a Carraízo. Al 17 de agosto, La Plata había perdido 41 centímetros en una semana y se encontraba a menos de un metro del nivel de “ajustes operacionales”. Carraízo permanecía bajo esa clasificación y continuaba el racionamiento en la zona metropolitana. Ese día, 12 embalses registraron descensos, según el monitoreo publicado por El Nuevo Día. (https://www.elnuevodia.com/noticias/locales/notas/monitoreo-diario-embalse-la-plata-ha-perdido-41-centimetros-en-una-semana/).

El Monitor de Sequía de Estados Unidos confirma, además, condiciones de sequía extrema en algunas áreas y una expansión de la sequía severa en buena parte del sur, centro y este de Puerto Rico. Algunas lluvias pueden producir alivio momentáneo, pero no resuelven por sí solas el déficit acumulado ni las deficiencias de la infraestructura.

Para los negocios, el problema no se mide únicamente en centímetros de agua. Se mide en flujo de efectivo. Un empresario de restaurantes entrevistado en julio informó gastos de aproximadamente $300 por cada llenado de una cisterna de 1,000 galones, además de costos por hielo y productos desechables. En turismo, apenas 12 hoteles reportaron casi $2 millones en gastos relacionados con la crisis, mientras comenzaban a registrarse cancelaciones en alquileres a corto plazo, según El Nuevo Día. (https://www.elnuevodia.com/negocios/turismo/notas/crisis-del-agua-y-racionamiento-golpean-a-la-industria-turistica/).

Una ley de agua debe incluir resultados medibles

Entre las propuestas anunciadas figura la llamada “Nueva Ley de Agua para el Puerto Rico del Siglo XXI”. Sus objetivos incluyen un programa de rehabilitación de 20 años, modernizar Carraízo, dragar periódicamente los principales embalses y reducir a 30% para 2031 el agua perdida en el sistema. Actualmente, las pérdidas superan el 50%, de acuerdo con la información ofrecida al presentar la propuesta.

El concepto merece atención, pero el sector debe esperar y examinar el texto legislativo definitivo. Una declaración de política pública no sustituye un calendario de obras, fuentes de financiamiento, métricas de cumplimiento ni responsabilidades claramente asignadas.

Restaurantes y hospederías también deben reclamar que cualquier incentivo para cisternas, sistemas de captación o equipos eficientes considere a las pequeñas y medianas empresas, y no se limite al mercado residencial. La capacidad de almacenar agua ya es parte de la infraestructura necesaria para hacer negocios.

Permisos: rapidez sin crear más incertidumbre

La reforma de permisos será otra prioridad. Los proyectos del Senado 1173 y 1183 se encaminan hacia una medida sustitutiva que combinaría elementos de ambas propuestas.

Para un restaurante, hotel o parador, un sistema más ágil puede reducir meses de espera, alquileres pagados sin poder operar y costos de construcción. Sin embargo, la velocidad no debe producir permisos jurídicamente frágiles, contradicciones entre agencias o cambios súbitos en los requisitos ambientales y de uso.

El sector debe vigilar especialmente los términos para resolver solicitudes, la transición de casos pendientes, el alcance de las certificaciones profesionales y las protecciones aplicables a proyectos costeros. En turismo, un permiso rápido que luego termina impugnado o expuesto a riesgos climáticos no constituye desarrollo eficiente.

Reforma contributiva e impuesto al inventario

El Proyecto del Senado 912 propone actualizar las escalas contributivas individuales, reducir algunas tasas y aumentar ciertas exenciones. Aunque su efecto directo se concentra en los contribuyentes individuales, el Gobierno sostiene que podría aumentar el ingreso disponible y estimular el consumo. Para restaurantes y comercios, esa relación con el gasto del consumidor merece seguimiento.

También debe vigilarse una posible segunda fase dirigida a las tasas corporativas y a las pequeñas y medianas empresas, mencionada por el propio Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. (https://www.desarrollo.pr.gov/en/noticias/ddec-respalda-en-vistas-publicas-el-p-del-s-912-como-paso-clave-en-una-reforma-contributiva-moderna-y-orientada-al-crecimiento-economico).

Más inmediato resulta el impuesto al inventario. El Proyecto de la Cámara 420, que congelaba el impuesto y encaminaba su eliminación, fue vetado. Ahora se evalúan alternativas para sustituir los ingresos municipales.

El desenlace afecta a distribuidores, supermercados, restaurantes y hospederías. En una isla importadora y vulnerable a emergencias, penalizar la acumulación de inventario puede chocar con la necesidad de mantener reservas de alimentos, bebidas, piezas y materiales esenciales. Pero eliminar el impuesto sin una fuente estable para los municipios también podría traducirse en aumentos de otras contribuciones, patentes o cargos. El sector debe exigir una solución completa, no un simple traslado de la factura.

Cambio climático, karso y seguridad del destino

El Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático continúa pendiente, pese a haber sido entregado a la Legislatura en 2024. Para el turismo, no es un documento abstracto: incide sobre disponibilidad de agua, erosión costera, seguros, infraestructura y viabilidad de inversiones.

También debe observarse el Proyecto de la Cámara 1079, que propone modificar la protección de la zona cársica. El karso alberga acuíferos y recursos naturales vinculados tanto al abastecimiento de agua como a la oferta turística. Cualquier cambio debe evaluarse por su efecto acumulativo, no solamente por el proyecto de construcción que pueda facilitar.

Esta sesión legislativa no debe convertirse en otra lista de promesas. Los empresarios pueden aportar datos que hoy hacen falta: gastos en camiones cisterna, pérdidas de alimentos, horas de trabajo afectadas, cancelaciones, cierres y costos de cumplimiento. Documentar esos impactos permitirá reclamar ayudas, participar en vistas públicas y evaluar con seriedad las medidas propuestas.

La hospitalidad no puede operar indefinidamente en modo de emergencia. El sector necesita agua confiable, permisos previsibles, una estructura contributiva competitiva y planificación climática. Esos cuatro asuntos, más que cualquier consigna política, deben ser el verdadero examen de esta sesión legislativa.