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ASORE no respalda la llamada ley de anti-discrimen comercial

La Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (Asore), defendió la práctica de algunas franquicias locales de establecer precios u ofertas distintas a las que se presentan en los estados continentales, al afirmar que ello responde a las realidades particulares de Puerto Rico como isla.


“Las decisiones de negocio en cuanto a honrar precios u ofertas en nuestra Isla están fundamentadas en razones de costos y disponibilidad de productos, a su vez ocasionado por las leyes de cabotaje que nos aplican y nuestra realidad geográfica”, dijo José A. Salvatella, presidente entrante de Asore durante las vistas públicas celebradas en la Cámara de Representantes relacionadas al Proyecto de la Cámara 1217.

La medida busca crear la “Ley Anti-Discrimen Comercial”, para declarar como política pública la protección de los consumidores contra prácticas discriminatorias de empresas de algunos de los estados que hacen negocios en Puerto Rico.


Por su parte, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), respaldó la medida, así como el Proyecto de la Cámara 1186, que instituye a esa agencia como la responsable de establecer un programa dirigido a defender el derecho de todo consumidor local a recibir, de empresas domésticas y multinacionales, el mismo trato que recibe cualquier otro consumidor en los demás estados continentales en cuanto a transacciones comerciales y aquellas otras que entienda pertinentes y sean compatibles con su jurisdicción.


El secretario Michael Pierluisi Rojo indicó que a raíz de estas situaciones de discrimen, la agencia adoptó en el año 2011 la Orden Administrativa Núm. 2011-006, para prohibir el trato discriminatorio de parte de empresas estadounidenses.


La orden también definió lo que se considera trato discriminatorio, creó la Oficina Anti-Discrimen Comercial y permitió la presentación de querellas ante el Departamento en contra de esas empresas que incurrieran en esta práctica.


Pierluisi Rojo mencionó que recientemente la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, una agencia del Gobierno federal, tomó medidas contra American Express Bank por ofrecer condiciones menos favorables en la otorgamiento de crédito a los residentes de Puerto Rico, como por ejemplo, intereses más altos y condiciones más onerosas de condonación de deuda.


La compañía tuvo que pagar $96 millones para compensar a los consumidores por sus prácticas. Mientras que el Departamento de Justicia llegó a un acuerdo de $169 millones contra GE Capitol por lo mismo.

“Algunos ejemplos del trato discriminatorio son la empresa Amazon, que no envía un sinnúmero de productos a Puerto Rico ni iguala el servicio de envíos expeditos bajo la membresía Amazon Prime para los residentes de Puerto Rico; Best Buy no envía productos a Puerto Rico a través de su página cibernética Apple, Jet Blue Card, entre otras”, indicó.

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